La inclusión en la Ley Orgánica de Educación de un área denominada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ha provocado una espiral de reacciones, muchas de ellas ultramontanas, procedentes de la jerarquía eclesiástica y de entornos conservadores, en las que afirman que esta medida, para ellos una imposición, supone un intento del Gobierno por implantar un sistema con el que adoctrinar a los/as estudiantes y llevarlos del lado de la ideología que preconiza el propio Gobierno.
Prestos y audaces, los sectores educativos situados a la derecha, todos ellos con un peso católico determinante, han organizado plataformas contra la educación para la ciudadanía. Parece como si quisieran que éste tomara el relevo al recurrente debate de religión en las aulas sí, religión en las aulas no. Pero con esta estrategia obvian que no hay lugar para la comparación.
El debate sobre religión sí, religión no, se ha convertido en el auténtico paradigma en cualquier debate educativo en el país, ya que alude a un tema cerrado en la Constitución por consenso, pero trastocado con la firma del Concordato, lo que no impide que nuestra realidad laica pueda acogerse a una legalidad aconfesional.
¿Qué es lo que convierte en vano y torticero este intento de equiparar ambas materias?. ¿Por qué para nosotros no hay ninguna duda?. Educación para la ciudadanía sí.
Claro que sí, porque los poderes públicos pueden y deben organizar enseñanzas que trasmitan a los/as estudiantes valores, derechos y deberes. Por mucho que le duela a la jerarquía católica, la iglesia no legisla, la iglesia podrá dar su opinión, pero tendrá que asumir que los derechos de los/as ciudadanos/as los regula la sociedad a través del Estado, porque, sencillamente, la organización de la vida en común, la compartida en un espacio de convivencia bajo unas normas colectivas, pertenece a los/as ciudadanos/as democráticamente, a los/as ciudadanos/as individuales que se aglutinan en sociedad. No pertenece a Dios. La vida es de los hombres y las mujeres y con ella hacen lo que quieren de acuerdo a la ley que sanciona la mayoría.
Por tanto, si tenemos claro que esta asignatura no es una imposición, sino la voluntad de la mayoría, podemos avanzar en sus contenidos y estructura, aseverando que no constituye tampoco un compendio de ideas de partido o de gobierno, puesto que, como recordaba la gran pedagoga y activista de la pública Marta Mata, en 1791 Condorcet asentaba las bases para la escuela pública señalando que la enseñanza de los Derechos Humanos debía serlo como conquista de la humanidad, no como un dogma. Y esta es la idea que reflejan los diferentes manuales de la asignatura.
Para nosotros, esta área debe buscar la formación para la información y el conocimiento, la información para la opinión, y la opinión para la participación y la crítica social. Estas son las bases sobre las que se asienta una sociedad donde los ciudadanos son responsables, y tratan de trabajar en torno al diálogo, el consenso y el acuerdo.
Es necesario que, además de en los currículos de la filosofía o de la ética, se enseñen, orientados en el ejercicio de la práctica ciudadana, los valores de la ilustración impulsados por la razón, vertebradores del europeismo y de la defensa de los Derechos Humanos; los valores liberales, que reivindican la libertad individual, la emancipación del ser, su total independencia; los valores democráticos, formados por las igualdad de todos ante la ley, la representación a través de las instituciones y el gobierno de la mayoría para todos; los valores de la solidaridad y del compromiso con el otro y con sus necesidades.
Se hace necesario, por tanto, una asignatura que enseñe y potencie los valores ciudadanos y su ejercicio práctico, y que potencie también la práctica misma de éstos en el aula, a través de la entrada de otros actores de la ciudadanía, como los movimientos asociativos de diversa índole, especialmente los movimientos juveniles y medioambientales.
Por otro lado no podemos admitir que tanto la Conferencia Episcopal como la derecha hayan “acusado” a esta asignatura de tener contenidos inmorales y un espíritu adoctrinador, ni tampoco que autoridades educativas de distintas Comunidades Autónomas estén llamando al incumplimiento de la ley, a la objeción ilegal . Desde FAEST opinamos que la enseñanza de los valores constitucionales, el aprendizaje de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos y el estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sería en todo caso un conjunto de elementos básicos para el completo desarrollo de las personas y por tanto, éstas estarían totalmente preparadas para no caer en ningún tipo de adoctrinamientos o embustes como a los que diariamente están sometidas por parte de los sujetos anteriormente nombrados. Además Educación para la Ciudadanía supondrá a medio plazo un cambio notable en la sociedad, haciéndola más participativa, más solidaria, más tolerante, en definitiva convirtiéndola en una sociedad del siglo XXI.
Esta es nuestra posición, sí a la educación para la ciudadanía, y estaremos dispuestos a defenderla ante aquellos que la etiquetan de imposición del gobierno socialista, siempre dentro de las formas y reglas de la democracia, de la limpieza del debate público, igual que seguimos reivindicando que la regulación final de la enseñanza de las religiones quede exenta de optativa alguna, lo que refuerza, de nuevo, el ejercicio de la libertad de cada cual para formarse en los valores religiosos que le de la gana. No en vano, no son éstos valores los que ofrecen el basamento de las sociedades democráticas. La base de nuestras sociedades es la ciudadanía. Por qué no enseñar a ejercerla.
Y para saber más sobre esta asignatura: http://www.faest.org/images/epc/contenidos.pdf Para firmar el manifiesto,entrad en la siguiente dirección: http://www.faest.org/insertarf-principal.php
